SOLICITAN RETIRAR EMPRESA DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR

La Alianza Dominicana Contra la Corrupcion (ADOCCO), le solicitó al Ministerio de Obras Públicas,  rescindir el contrato de emisión de las licencias de conducir otorgado grado a grado a favor de Dekolor, cuyo presidente, Rogelio Oruña Aguilar, ha sido piedra de múltiples escándalos por asignaciones irregulares de contratos, en México y Panamá.

La organización se hizo eco de una publicación aparecida el 23 de agosto del 2012 en el periódico panameño La Prensa, en la que se revela que Oruña, en el marco de un proceso criminal seguido contra un socio suyo, ha sido sindicado por la Fiscalía de Napolés, Italia, como “facilitador para trasladarle dinero al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y a otros políticos locales”.

 Sostuvo también que Dekolor se presentó ante el Estado Dominicano como filial de la empresa mexicana Cosmocolor, que en la edición de Diario Libre del 28 de marzo del 2008 desmintió que ni entonces ni nunca Dekolor fuese tal cosa. “De modo que al prestarse a declararle al Estado que era una sucursal de esa compañía mexicana con el fin de acreditarse ante el Estado Dominicano el contrato de las licencias, Oruña cometió falsedad y fraude, pero de alguna manera ha sorteado ser imputado de esos delitos”, sostuvo Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la entidad cívica.

 Sostuvo que el contrato de Dekolor se estipuló por 4 años, plazo que se habría vencido el 18 de febrero del 2009, pero que el Ing. Víctor Díaz Rúa, ex Ministro de Obras Públicas, lo prorrogó administrativamente para favorecer a un relacionado con Oruña. “Además de aumentar el precio de la licencia de 14.50 dólares a 25, esa prórroga violó los principios de eficiencia, transparencia, publicidad, economía, moralidad y razonabilidad enunciados en el artículo 3 de la Ley 340-06, y también el párrafo II de su artículo 49, que exigía que dicha concesión fuese licitada”.

 De la Rosa expuso que la licitación de las concesiones públicas solo pueden ser “por un período de hasta el 50% del plazo original en caso de que se demuestre que son beneficiosas para el Estado y los usuarios, y en el caso de Dekolor, además de tratarse de un contrato lesivo al interés nacional, se le extendió irregularmente la vigencia del contrato por otros 4 años, y resulta extraño que todavía el Ministro de Obras Públicas no haya hecho nada”.