La directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román, reveló que República Dominicana tiene uno de los porcentajes más altos de prisión preventiva de Latino américa. Alegó que esta situación está llevando al sistema penitenciario dominicano al borde del colapso.
“Estamos en una situación grave y vergonzosa, ya que el promedio de prisión preventiva en la mayoría de los países de América Latina está entre 5% y 15%, mientras que en 2010 nosotros teníamos 75% y luego bajamos de 68% a 65% en 2011”.
Entrevistada por Harold Modesto, coordinador de la Unidad del Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Hernández agregó que en el censo penitenciario de 2006, a dos años de comenzar a aplicarse el Nuevo Código Procesal Penal, el país tenía 12,706 reclusos, cifra que hoy asciende a casi 23,000.
“Tenemos un gran reto porque hay un montón de centros del nuevo modelo y cárceles del modelo tradicional que están absolutamente sobre poblados, provocando que en nuestro país el sistema penitenciario esté colapsando”, argumentó.
Dijo que las altas cifras expresan la gravedad de la prisión preventiva en nuestro país. Sin embargo, resaltó que “en los medios de comunicación parecería reflejarse que en el país hay un uso indiscriminado de la libertad, y pienso es un tema de educación ciudadana”.
Agregó que “hay que informarle a la población que porque una persona esté en libertad mientras dura el conocimiento de su proceso no significa que escapará, sino que constitucionalmente esa es la forma normal y corriente en que los países conocen los procesos, salvo los casos donde la fuga es inminente”.
Laura Hernández puntualizó que una persona tiene derecho a la defensa pública desde el inicio de la persecución policial, aún en sede policial.Dijo que actualmente la Oficina Nacional de la Defensa Pública conoce el 82% de los casos del sistema penal e indicó que la cantidad promedio de procesos que lleva un defensor público es de 300 casos.
“Resulta ser una gran carga de trabajo porque se contempló que nunca pasaran de 200 casos, previendo que el porcentaje de prisión preventiva luego de la implementación del Código Procesal Penal, iba a reducir”.
Sostuvo que “no es lo mismo tener a la persona que se asiste concurriendo libre a su proceso que tenerla en la cárcel porque le demanda al defensor que le asiste estar mucho más pendiente a la revisión de medidas y a las apelaciones para tratar de obtener su libertad”.
Destacó que la Oficina tiene un presupuesto insuficiente que no le permite alcanzar los niveles de eficiencia deseados en la ejecución de los planes que contempla esa institución.
“El presupuesto de la defensa pública es de 240 millones, este solo alcanza para mantener su actual estructura, pero no nos permite ejecutar los planes de nuestra planificación estratégica, ni incrementar el número de defensores que debería tener el sistema”.
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