El Circulo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, , respaldo es el anteproyecto de modificación a la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico, presentado por la Procuraduría General de la Republica que plantea su inclusión entre las instituciones beneficiarias de los bienes decomisados a partir de una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El anteproyecto de ley, introducido por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, en procura de que la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD conjuntamente con el Consejo Nacional de Drogas, CND reciban de manera igualitaria el 25% de los bienes incautados y comisados.
La entidad que tiene como objetivos la prevención del uso indebido de drogas se mostro de acuerdo con la asignación contemplada en la pieza legislativa de un 15% para las Organizaciones Sin Fines de Lucros que abordan la prevención del consumo de drogas así como la asignación de un 10% para el Ministerio de Deportes, para el fomento del deporte en la juventud dominicana, por considerarse el deporte una pieza de vital importancia para combatir la drogadicción.
El CIJUPD destaco que la labor del ministerio publico para combatir el flagelo requiere de la tecnificación necesaria para enfrentarse con las organizaciones del crimen organizado que cada día mas demuestran contar con instrumentos más sofisticados no solo para mover la industria del trafico de drogas, sino también el blanqueo de capitales producto de la condenable practica que cada día más provoca daños a nuestros niños y jóvenes, por lo que estamos seguros que la Procuraduría General de la Republica dará un uso efectivo al 25% de los bienes, al igual que la DNCD y el CND, como lo establece la propuesta del magistrado Radhames Jiménez Peña.
La entidad que desarrolla diversos programas de prevención llamo al Consejo Nacional de Drogas a que asuma el rol que le asigna la ley 50-88 de dirigir la política preventiva del Estado, la que a su juicio ha abandonado, al tiempo de reclamar ser incluida entre las instituciones beneficiadas de la entrega de recursos, ya que nunca ha recibido un solo centavo, no obstante cumplir con las exigencias de la ley.
La Ley 72-02, sobre lavado de activos permite una retribución a los daños causados por la ilegal actividad por lo que la Procuraduría General de la República es merecedora de poder participar de la distribución del dinero incautado a los narcotraficantes y a los lavadores de activos, así como las organizaciones de prevención que vendrían a contribuir con la detención de la problemática ante el vertiginoso aumento del consumo de drogas que pone en tela de juicio la labor de prevención del Consejo Nacional de Drogas, incapaz de reducir el consumo alimentado por el negocio de tráfico y microtráfico de drogas, lo que nos indica que la prevención no está siendo lo suficientemente efectiva como demanda la problemática.
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